Fedomu organiza encuentro donde también participaron funcionarios del Gobierno

Santo Domingo.- En el marco del foro “Desafíos de los municipios para la implementación de la Ley de Ordenamiento Territorial, Uso de Suelo y Asentamientos Humanos”, organizado por la Federación Dominicana de Municipios (Fedomu), fue realizado un panel entre expertos en municipalidad y urbanismo en el que se debatieron temas de trascendencia para la comprensión de ese marco legal.

El encuentro, en el que participaron más de 120 alcaldes, funcionarios del Gobierno y expertos municipalistas, fue encabezado por el presidente de Fedomu, Kelvin Cruz, y la directora ejecutiva, Laura Reyes. Tuvo como objetivo continuar aportando para que todos los alcaldes y los demás entes de la sociedad tengan un mejor conocimiento y manejo para la aplicación de la Ley 368-22. El panel fue conducido por la encargada de Planificación de Fedomu, Cintya Aquino.

El primer expositor, el urbanista y arquitecto Marcos Barinas, explicó que todo el mundo aportó en la comisión bicameral, e incluso se repitieron opiniones de algunos sectores que volvieron a ser consultados durante el proceso hasta llegar al documento que ustedes tienen hoy, “un documento que luego fue aprobado en el Congreso con algunas modificaciones, pero que cumplió con la misión que se había generado en ese equipo del que yo era parte, de poder lograr que esta ley luego de 20 años fuera aprobada”.

Argumentó que este es un momento importante para que diferentes voces, algunas incluso que contradicen esa ley, que entienden que debió ser diferente, que entienden que tiene mejorías, de que cada quien participe para mejorarla, y para llevarla a unos niveles de afinamiento para que el tren pueda funcionar.

Asimismo, Domingo Matías, viceministro de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Regional del MEPYD, expuso sobre instrumentos y articulación, explicando que esta es una ley con tres patas: un componente de ordenamiento, otro de uso de suelo y el de asentamientos humanos.

Afirmó que el plan de ordenamiento territorial sirve para la clasificación de los suelos, los urbanos, los urbanizables, los no urbanizables, y para la calificación de los suelos residenciales, comerciales e industriales, y eso da un gran poder a los gobiernos locales; para prevenir riesgos de desastres, para prevenir los conflictos de los usos de suelos.

De su lado, Richard Gómez, director ejecutivo de la Asociación Dominicana de Regidores (Asodore), en su exposición sobre gobernabilidad, señaló que para la solución de los conflictos de competencias y atribuciones existentes en la Ley 368-22 que laceran el legal funcionamiento de los gobiernos locales y crea dificultades administrativas locales, propone lo siguiente:

Que sea creada una comisión de miembros de las entidades asociativas municipalistas que representan a las distintas Asociaciones y Federaciones, a los fines de estudiar, formular y enviar al Congreso Nacional un proyecto de ley que modifique las distorsiones y violaciones de competencias y atribuciones que esa normativa contiene en perjuicio de los gobiernos locales.

Agregó que, en caso contrario y una vez estudiada y analizada la indicada ley por parte de la Comisión de miembros de las entidades asociativas municipalistas, de comprobarse lo aquí planteado por Asodore, se proceda en consecuencia a someter una Acción Directa de Inconstitucionalidad de la Ley 368-22 ante el Tribunal Constitucional.

Julián Roa, consultor internacional, en su disertación sobre gobernabilidad, entiende que el Plan Municipal de Ordenamiento Territorial (PMOT) podrá ser elaborado y aprobado mediante mecanismos asociativos entre los gobiernos locales, con el apoyo del Ministerio de Economía, planificación y Desarrollo (MEPyD), siempre que favorezca y se pretenda lograr mayor articulación entre varios PMOT, o cuando, por las mismas razones, se decide que un PMOT rija para más de una municipalidad, siguiendo lo establecido en la Ley 368-22, su reglamento de aplicación y las disposiciones contenidas en las leyes.

Reveló que una empresa ha sido contratada por el Banco Mundial para la elaboración del reglamento de esa ley, indicando que ese reglamento no puede cambiar el espíritu de la ley en ningún aspecto. “El reglamento puede ordenar lo que la ley manda, y nosotros lo tenemos claro, tanto el Ministerio de Economía como en el Banco Mundial”.