Al conmemorarse este 24 de abril el Día Nacional de los Ayuntamientos, las entidades y representantes del municipalismo dominicano, realizaron un llamado a los Poderes del Estado, tanto Ejecutivo como Legislativo, para profundizar el diálogo con las autoridades municipales y avanzar en las reformas que requieren los gobiernos locales con el objetivo de adquirir mayores capacidades efectivas y reales para atender sus responsabilidades y promover el desarrollo de los territorios en articulación y beneficio del desarrollo nacional.

En un documento firmado por la Federación Dominicana de Municipios (FEDOMU), la Liga Municipal Dominicana (LMD), la Federación Dominicana de Distros Municipales (FEDODIM), la Unión de Mujeres Municipalistas Dominicana (UNMUNDO, la Asociación Dominicana de Regidores (ASODORE) y la Asociación Dominicana de Vocales (ADOVA), destacaron las necesidades de la municipalidad así como las propuestas prioritarias para promover un marco legal renovado que dé solución definitiva a las distintas problemáticas que enfrentan los gobiernos locales para promover el desarrollo de sus comunidades.

Las entidades del municipalismo dominicano señalaron como prioritario la aprobación de tres leyes fundamentales: la Ley Orgánica de la Administración Local, la Ley General de Residuos Sólidos, la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial y Uso de Suelo.

Entre los aspectos que deben ser regulados por este nuevo marco legal se encuentran: la definición de un marco de competencias ajustado a la realidad de cada municipalidad; la readecuación de los topes a la inversión municipal en consonancia con las necesidades de cada municipalidad; la renovación del acuerdo sobre un sistema de financiamiento justo y real que ponga fin al incumplimiento del actual porcentaje de transferencias del 10% establecido en la Ley 166-03; se promueva un avance hacia la disposición de ingresos propios que permitan una mayor autogestión y sostenibilidad financiera de las administraciones locales; se fortalezca la transparencia y el régimen de consecuencias ante el incumplimiento de la ley y el inadecuado manejo de los fondos públicos; se fortalezca la participación ciudadana en la toma de decisiones de la gestión municipal; se cree un sistema nacional de gestión de los residuos sólidos con responsabilidad compartida de los gobiernos locales, gobierno central y sector privado y ciudadanía; se refuerce la seguridad jurídica sobre el uso y gestión del suelo, estableciendo los instrumentos que fomenten su ordenamiento desde un enfoque de sostenibilidad social y medioambiental.

Junto a estas leyes, las entidades municipalistas también afirmaron sobre los efectos negativos en las capacidades de los gobiernos locales que tienen las distintas iniciativas que han venido desarrollándose en detrimento de la autonomía municipal por lo que también llamaron a los poderes del Estado a garantizar dicha autonomía, evitando las acciones que supongan un retroceso en el marco de derechos y potestades municipales, tales como la eliminación del derecho a recaudar una tasa del 3% de la facturación de las empresas distribuidoras de la energía eléctrica tal y como dispone el artículo 284 de la Ley 176-07.

En la actualidad, destaca el documento presentado, junto a la falta de cumplimiento del porcentaje de ingresos que los gobiernos locales deben recibir en concepto de transferencias del Estado según la Ley 166-03 y que hoy se sitúan en menos de un 3% de los ingresos ordinarios del Presupuesto general del Estado frente al 10% establecido por ley, se han ido uniendo y concatenando un conjunto de iniciativas que limitan, una tras otras, las débiles fuentes alternativas al imperante estancamiento y reducción porcentual de las transferencias (desde el 6,6% asignado en 2009 al 3% actual, menor al porcentaje vigente en 1997).

Por su parte, y ante la urgencia de dar solución a todos los aspectos señalados, los directivos de las entidades firmantes reafirmaron su compromiso para impulsar y dar apoyo al estudio y generación de los consensos que nos permitan contar con las reformas necesarias, en coordinación con el Poder Ejecutivo y Legislativo, así como promoviendo el involucramiento de las organizaciones de la sociedad civil.