Punta Cana- Como resultado de los trabajos y debates desarrollados durante el III Congreso Iberoamericano de Municipios Verdes 2015, centrados en las principales políticas y estrategias para hacer frente al cambio climático desde los municipios, las autoridades locales de la región iberoamericana presentes acordaron un compromiso de lucha contra este problema global mediante la firma de la denominada Declaración de Bávaro.
Como establecen los considerandos de esta declaración, dicho compromiso se enmarca en el conjunto de iniciativas internacionales y locales que se desarrollan en la actualidad para renovar los acuerdos del Protocolo de Kyoto en la próxima Cumbre del Clima, prevista para el mes de diciembre de este año. En estos esfuerzos internacionales, y gracias a la movilización de las autoridades locales reunidas en la Cumbre del Clima y los Territorios en Lyon el pasado mes de julio, se evidenció que “Sin un enfoque territorial real, no será posible afrontar eficientemente los problemas climáticos”.
Esta misma consigna fue puesta en valor por el Vaticano al organizar el foro sobre cambio climático con autoridades locales de todo el mundo y el Papado, en el que se firmó una declaración conjunta donde las autoridades locales se comprometieron a “reforzar en sus ciudades y asentamientos urbanos la capacidad de resiliencia de los pobres y de aquellos en situación de vulnerabilidad y reducir su exposición a los eventos extremos relacionados con el clima y otros impactos y catástrofes económicos, sociales y medioambientales, que fomentan la trata de personas y los riesgos de la migración forzada”.
En este sentido, y teniendo en cuenta que ya la lucha contra el cambio climático ha sido declarado unos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, las autoridades locales llaman la atención sobre el hecho de que si bien el cambio climático es un fenómeno global, sus causas y consecuencias tienen expresiones en lugares específicos del territorio, y por tanto, la respuesta a las mismas no puede obviar las acciones en el nivel local.
Entre estas respuestas, tal y como contiene la Declaración de Bávaro, se comprometen a impulsar las siguientes: i) Incorporar a la planificación municipal y territorial acciones dirigidas a potenciar y promover la reducción de la vulnerabilidad y la gestión integral de riesgos ante desastres; ii) Promover la formulación y aplicación de Planes Locales de Acción Climática en coordinación con los actores sociales, empresariales e institucionales presentes en los territorios, iii) Definir estrategias para el establecimiento de alianzas público – privadas que eficienticen la gestión de residuos sólidos y el ahorro energético, iv) Identificar y articularse para acceder a iniciativas de apoyo técnico y mecanismos de financiación de proyectos municipales verdes así como v) Fomentar la creación de redes de gobiernos locales comprometidos a sumarse a las políticas y acciones contra el cambio climático desde los territorios, sumándonos a las principales iniciativas existentes.
En el mismo orden, hacen un llamado a los gobiernos nacionales para que formulen y apliquen políticas que doten a los gobiernos locales de capacidades y autonomía efectiva para gestionar con mayor eficiencia los territorios y poder así enfrentar los retos que nos impone los efectos producidos por el cambio climático.
Por último, las autoridades locales firmantes acordaron apoyar solidariamente a sus homólogos de República Dominicana y Mayagüez, en Puerto Rico, en dos casos específicos tratados en el marco del III Congreso Iberoamericano de Municipios Verdes, celebrado recientemente en la República Dominicana. Por un lado, la aprobación de una Ley de Ordenamiento Territorial en la República Dominicana, que permitirá regular los asentamientos humanos, usos de suelo y ordenamiento del territorio, posibilitando incorporar las mejores prácticas de adaptación y mitigación del cambio climático. Por el otro, el apoyo a la demanda de las autoridades locales de Mayagüez en sus gestiones ante el Gobierno de Puerto Rico para evitar que el puerto de ese municipio sea utilizado para actividades contaminantes que irían en detrimento de la calidad ambiental.
